Fuente: El Economista
En este contexto de crisis global, que está poniendo a prueba nuestro sistema sanitario, nos enfrentamos a un desafío en materia económica sin precedentes. La recuperación, dependerá de la duración de la crisis y de la política económica que se aplique.
Hoy en día, distintas empresas de Aesmide han continuado con sus actividades al estar clasificadas como «esenciales«, como por ejemplo las actividades del sector logístico que son de gran importancia ya que permiten el suministro continuo de bienes de índole civil o militar que son necesarios en todo el país. Asimismo las de equipamiento, infraestructura, mantenimiento integral, alimentación, logística de campaña o tecnología y sistemas. Algunas de ellas han reconvertido sus cadenas de fabricación y producción para la confección de material sanitario.
Muchas de ellas están realizando donaciones de estos productos, o poniendo a disposición de la Administración Sanitaria bienes y productos imprescindibles para hospitales o residencias o colaborando con las Fuerzas Armadas en el montaje y equipación de hospitales de campaña.
Para poder superar la crisis económica en la que ya nos encontramos tendremos que contar con la actividad empresarial. Las empresas se tendrán que enfrentar a medidas presupuestarias restrictivas que limiten su actividad y a medidas de política fiscal que tendrán que decidir entre la falta de ingresos y la necesidad de incrementar los gastos de la Administración como impulsora de la actividad económica.
Ante el tamaño y complejidad alcanzado por el sector público, las exigencias de demandas en materia de servicios sociales y empresariales exigidas por la crisis y las dificultades de la gestión pública aumentadas por la descentralización, hemos visto y sufrido la falta de coordinación en la adquisición de material sanitario, lo que va a dificultar la actuación directa y única de la Administración.
Será imprescindible la colaboración pública-privada entre el sector público y el sector empresarial, que permita combinar la posición del sector público como gerente de la prestación de servicios públicos, con el aprovechamiento de las sinergias y la experiencia que puede aportar el sector privado en la gestión de determinados sectores de la actividad.
Esta colaboración puede extenderse tanto a la prestación de determinados servicios por las empresas a la Administraciones, como a la colaboración por parte de las mismas en la actividad productiva e inversora del sector público. Y tal colaboración, por otra parte, puede y debe plantearse desde la perspectiva de salvaguardar los intereses de ambas partes.
Por un lado, la garantía en la prestación de servicios públicos: que esta prestación sea de calidad, así como el mantenimiento del papel del sector público como impulsor de la actividad económica y de la creación de riqueza y puestos de trabajo. Y por otro, la obtención de una adecuada remuneración al capital y al trabajo desarrollado por el empresario, aspecto este que tiene que estar siempre presente, siquiera por ser un criterio de estricta equidad.
Esta situación ha revelado a su vez la flexibilidad, capacidad de adaptación y respuesta inmediata del sector de la Defensa. Toda vez que ha adaptado sus líneas de producción a los recursos que son necesarios para luchar contra esta amenaza. Esto tiene una importancia vital de cara al futuro. La Administración debe cuidar de este sector como sector estratégico.
