El Congreso de los Diputados respalda la puesta en marcha de un tercer escudo social con medidas para proteger a las clases medias y trabajadoras, así como a los sectores económicos más afectados.
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, por el que se adoptan nuevas medidas y se prorrogan otras ya aprobadas en 2022 para proteger a la ciudadanía y a las empresas de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, así como para seguir la reconstrucción de la isla de La Palma.
Durante su intervención, el ministro ha defendido que se trata de medidas que deberían concitar el acuerdo unánime del Congreso «por patriotismo y sentido común». «Por patriotismo, porque cuando hay problemas que afectan al conjunto de la sociedad, lo razonable es que sus representantes se unan. Y por sentido común, porque se ha demostrado que son medidas que funcionan», ha asegurado.
En esta línea, ha destacado que este RDL supone «un paso más en la dirección establecida por el presidente Pedro Sánchez desde su investidura, hace algo más de tres años: gobernar para la gente, con el fin de convertir España en un país más justo, más cohesionado y más moderno». Bolaños ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por «un reparto justo de las cargas y ha puesto en valor «la política de la esperanza en un futuro mejor y más justo para nuestro país» frente a la política del miedo. Asimismo, el ministro ha destacado que 2023 será un buen año, en el que «España seguirá avanzando en lo económico, en lo social, en derechos y en libertades».
En marcha un tercer escudo social
El RDL aprobado hoy constituye un nuevo paquete de medidas para proteger a la ciudadanía del impacto social y económico de la guerra, en especial, del incremento de la inflación. También prorroga la vigencia de aquellas cuya eficacia ya se está demostrando.
Entre las principales políticas que el ministro ha detallado en su intervención se encuentra la reducción del 10% al 5% del IVA del aceite y de la pasta, y la eliminación de este impuesto en alimentos de primera necesidad como la leche, el pan, los huevos, el queso, la fruta y verdura, las legumbres, las hortalizas y los cereales.
Además, se ha aprobado la concesión de un cheque de 200 euros para personas con ingresos inferiores a 27.000 euros al año, que beneficiará a 4,2 millones de hogares en nuestro país, así como la prórroga de la subida del 15% del ingreso mínimo vital, la de las pensiones no contributivas y la del SMI -hasta la aprobación del correspondiente a 2023-.
El RDL aprobado hoy incluye también medidas destinadas a reducir la carga económica que el coste de la vivienda supone para las familias, como la prórroga de la limitación al 2% de la subida de los alquileres durante todo 2023; el mantenimiento, hasta el 30 de junio, de la suspensión de desahucios a personas vulnerables que viven en régimen de alquiler sin alternativa habitacional o la extensión obligatoria de los contratos de alquiler que finalicen durante este período.
Medidas para fomentar el transporte público y reducir el precio de la energía
Se establecen también medidas para reducir el precio del transporte público y fomentar así su uso, como la prórroga de la gratuidad de los abonos de trenes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia; la gratuidad de los abonos de autobuses en los servicios que son competencia de la AGE o la bonificación del 30% a aquellos transportes públicos que son competencia de las CC. AA. y entidades locales, siempre que estas acuerden una bonificación adicional del 20%. De esta manera, se podrá alcanzar una bonificación del 50% del precio para los viajeros habituales en transporte público en todo el territorio nacional.
Para proteger a ciudadanía y empresas frente al incremento en los precios de la energía, el RDL prorroga, hasta el 30 de junio, el mecanismo de compensación a la industria electrointensiva y el tope al precio de la bombona de butano y de los gases licuados. También se extiende hasta final de año la rebaja de los impuestos aplicables en la factura eléctrica; la prohibición de corte del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores vulnerables y el descuento en la factura eléctrica a través del bono social.
