El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno anunció un plan para destinar 10.471 millones de euros al Ministerio de Defensa con el objetivo de alcanzar este año el 2 % del PIB en gasto de defensa, compromiso asumido en 2014 como miembro de la OTAN.
Ese mismo día se aprobó una transferencia de crédito de 2.819,17 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo para financiar aportaciones reembolsables a empresas involucradas en proyectos relacionados con la defensa.
El denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad, revisado recientemente por la SEDEF, incluye 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM, anteriormente conocidos como Programas Especiales de Armamento o PEAs), que se suman a los 56 ya en ejecución. El pasado 10 de junio, el Consejo de Ministros autorizó un presupuesto inicial de 15.635 millones de euros para desarrollar doce de estos 31 programas entre 2026 y 2037, aunque los detalles de los programas seleccionados aún no se han dado a conocer.
Sin embargo, la urgencia puede complicar la gestión eficiente de este presupuesto extraordinario. A mitad de año, resulta difícil prever cómo se empleará este volumen de recursos, un desafío para el Ministerio, las oficinas de programas (incluidas las nuevas que será necesario crear) y las empresas proveedoras.
Los militares, acostumbrados a trabajar con presupuestos ajustados desde la crisis de 2008, han desarrollado una capacidad excepcional para priorizar necesidades y optimizar cada céntimo asignado mediante planes cuidadosamente estudiados. Sin embargo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, destacó en las III Jornadas de Defensa organizadas por El Debate que gestionar la abundancia puede ser incluso más complicado que gestionar la escasez. Según el General Enseñat, «antes sabíamos qué comprar pero no teníamos dinero; ahora tenemos dinero, pero la demanda supera ampliamente a la oferta».
Además, el JEME subrayó las consecuencias de años de presupuestos reducidos, que han afectado a la preparación, operatividad, equipamiento e infraestructuras de las Fuerzas Armadas. Aunque los incrementos recientes han paliado parcialmente estas deficiencias, queda mucho por hacer.
Otro desafío mencionado fue la fragmentación de la industria de sistemas terrestres. Con una proliferación de empresas nacionales compitiendo entre sí, muchas carecen de la capacidad necesaria para liderar proyectos de mayor envergadura a nivel nacional, europeo o internacional.
Actualmente, hay 87 Programas Especiales de Modernización en diferentes fases de desarrollo, muchos de ellos liderados por proveedores nacionales, a menudo en colaboración con tecnólogos internacionales. Incluso algunos de los nuevos 31 programas ya han sido firmados, como el buque de aprovisionamiento para la Armada.
El Ministerio de Defensa también está avanzando en un Plan de Desconexión de tecnología israelí, lo que podría afectar a ciertos programas dependientes de proveedores israelíes. Además, los programas SAFE europeos limitan la participación de tecnología no perteneciente a la Unión Europea al 35 %, lo que restringirá las opciones en el futuro.
Para sortear estas limitaciones, las Fuerzas Armadas podrían recurrir a acuerdos marco que permitan ampliar sistemas ya seleccionados, evitando iniciar nuevos programas desde cero. Los recursos podrían destinarse a ítems críticos, desde equipamiento personal hasta plataformas terrestres, munición y sistemas avanzados como lanzacohetes y misiles.
Este marco exige una gestión precisa para maximizar el impacto de los fondos y garantizar que las capacidades militares evolucionen acorde a las necesidades estratégicas actuales y futuras.
FUENTE: DEFENSA.COM