El ministerio lanza una consulta pública previa al proyecto de real decreto que fijará las normas para la concesión directa de préstamos a empresas
El Gobierno parece decidido a impulsar la inversión en defensa y, cuando apenas se ha cumplido un mes desde que lanzara su plan para alcanzar el 2% del PIB, ha ido dando pasos para sacar adelante los distintos proyectos. Destacan los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 22 de abril y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en el Congreso de los Diputados el 7 de mayo.
Este plan tiene un presupuesto de 10.471 millones de euros de los que para los PEM se movilizarán unos 3.807 millones en el primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030. Estos programas se unirán a los más de 50 en curso.
En este proceso administrativo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, ha procedido a realizar la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de real decreto que fijará las normas reguladoras que han de guiar la concesión directa de préstamos a distintas empresas que el Ministerio de Defensa prevé designar para llevar a cabo a partir del presente año 2025 el desarrollo industrial de los mencionados Programas Especiales de Modernización.
Hay que recordar que el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa también daba luz verde a una transferencia de 2.819 millones de euros del Ministerio de Industria para financiar desarrollos tecnológicos en programas de defensa. Dicha transferencia de crédito iba dirigida a «financiar aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa».
De este modo, el ministerio que dirige Jordi Hereu adelanta parte de los fondos de los proyectos a las empresas contratistas para poner en marcha la producción y estás devuelven ese dinero directamente al Tesoro conforme el Ministerio de Defensa les paga para la compra del material adquirido.
FUENTE: LA RAZÓN