El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Madrid con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con motivo de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. La Comisión ha aprobado el Plan de Recuperación presentado por España de 69.500 millones de euros en transferencias directas, que se podrán ampliar hasta más de 140.000 en créditos, si fuera necesario, hasta 2026.
El Plan supone el mayor esfuerzo inversor y reformista de nuestro país desde su ingreso en la extinta Comunidad Económica Europea hace 35 años. El presidente del Gobierno ha destacado que el Plan presenta oportunidades únicas para la economía española y para los proyectos transnacionales, y ha añadido: «Esta es una tarea que España y Europa tienen que afrontar de manera coordinada, con ambición, pensando siempre en la innovación, en la inclusión y en la sostenibilidad».
El Plan de Recuperación se sustenta en cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Estos ejes se concretarán en varios objetivos como, por ejemplo:
- Digitalización de más de un millón de pymes.
- Formación de más de 2,6 millones de personas en competencias digitales.
- Extensión de la banda ancha al 100% de la población.
- Despliegue eficaz del 5G.
- Impulso de 165 destinos turísticos sostenibles.
- Rehabilitación de más de un millón de viviendas.
- Alcanzar una flota de 250.000 vehículos eléctricos y despliegue de más de 100.000 puntos de recarga.
- Completar los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo.
El Plan contiene 212 inversiones y reformas que España ya ha puesto en marcha desde 2020. España recibirá más de 19.000 millones de euros en 2021, de los que 9.000 corresponden a anticipos y 10.000 a hitos y objetivos ya cumplidos.
Según el informe de la Comisión, España ha establecido una estructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento eficaz. En conjunto, el texto estima que el sistema de control del Plan es adecuado para detectar y corregir la corrupción, el fraude o el conflicto de intereses.
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Fuente: La Moncloa
