El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Pleno del Congreso para informar del apagón nacional del pasado lunes y para exponer las líneas maestras del Plan de Defensa con el que se incrementará el gasto militar al 2% del PIB ya en 2025; una inversión que, ha insistido, no pasará por las Cortes Generales.
Sánchez ha reiterado que las cifras del informe que pasó por el Consejo de Ministros y que ha sido remitido a Bruselas no repercutirán en merma alguna de políticas sociales. Ha pedido a los grupos parlamentarios, incluido a su socio de Ejecutivo, Sumar, que no se “obcequen” en presentar un escenario dicotómico en el que se ha de elegir entre seguridad y Estado del bienestar.
El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que “la mayor inversión de su mandato la hará sin Presupuestos Generales del Estado y sin la autorización parlamentaria”. De igual forma, ha criticado que Sánchez pida respaldo al plan “si ni siquiera sus ministros (los de Sumar) lo apoyan”.
“¿Qué apoyo, si no nos dejan votar? Que le apoyemos, ¿cómo? ¿Qué plan exactamente? ¿Dónde está la memoria económica? ¿El contenido? ¿El calendario, la estrategia y cómo se va a hacer sostenible en el tiempo?”, ha remachado.
Cuánto y en qué
El Plan de Industria y Desarrollo Tecnológico para la Seguridad y la Defensa estará dotado con 10.471 millones; aunque el informe, ya publicado en la web de Moncloa, refleja más de 500 millones adicionales que se emplearán en devoluciones de créditos anteriores.
De los 10.471 millones de euros, 3.712,49 millones (35,45%) irán destinados a mejorar las condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Otros 3.262,76 millones se invertirán en nuevas tecnologías de telecomunicaciones y ciberseguridad, lo que supone el 31,16%.
1.962,98 millones de euros, el 18,75%, se dedicarán a la compra de defensa y disuasión, es decir, compra de armamento como tal. Esta partida es una de las que más fricciones genera entre el PSOE y su socio de Gobierno, Sumar, que se ha pronunciado en contra del plan en su conjunto.
El 16,73%, esto son, 1.751,53 millones, se invertirán en apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. Con ello, se pretenden reforzar las capacidades duales de las FFAA de manera que puedan ayudar de forma más rápida y efectiva en emergencias y desastres naturales tales como incendios o inundaciones. Se comprarán helicópteros de rescate, aviones cisterna, un buque hidrográfico y se adaptarán y modernizarán las infraestructuras de Defensa para agilizar la respuesta.
Se invertirá también en misiones en el exterior, en concreto, 328,74 millones (3,14%).
Estas cifras, sumadas, superan los 11.000 millones. ¿Por qué, entonces, el Plan contempla 10.471? Porque el Gobierno ha incluido una partida de ajustes y devoluciones de créditos para Programas Especiales de Modernización anteriores. Su valor es de 547,36 millones (-5,23%).
¿De dónde sale el dinero?
Pedro Sánchez aseguró que el Plan se financiará sin recortar “ni un céntimo” el Estado del bienestar y sin subir impuestos. Explicó que el grueso de la financiación procedería de tres fuentes: reorientación de fondos Next Generation, ahorros generados y remanentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los últimos aprobados, que no han utilizado o no son necesarios.
El informe profundiza en el origen de la financiación, especificando las fuentes:
- Menores anualidades por aportaciones UE: 641,56 millones de euros.
- Incorporación de créditos no ejecutados de organismos autónomos del Ministerio de Defensa: 97,40 millones.
- Créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025: 1.744,89 millones.
- Créditos por menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales: 103 millones.
- Generaciones de ingresos por servicios prestados por el Ministerio de Defensa: 632,47 millones.
- Menor necesidad de fondo de liquidez AATT por salida de las CCAA a los mercados, menores necesidades de amortización y mejor comportamiento del déficit público: 2.819,17 millones.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 1.357 millones.
- Reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles para nuevos préstamos: 1.680,83 millones.
- Fondo de Contingencia (salarios de FFAA, pensiones de FFAA): 1.395,10 millones.
¿Cuánto para las empresas españolas?
El 89% de los recursos financieros del Plan se invertirán en España y contribuirán a generar nuevas oportunidades, empresas y empleo en todas las Comunidades Autónomas del país a través de aquellos corredores industriales ya consolidados (como, por ejemplo, el aeroespacial en Madrid y Sevilla, el de helicópteros en Albacete, el de vehículos terrestres en Galicia y Asturias, o el naval en Galicia, Cartagena y Andalucía), otros en fase de consolidación (como el corredor de La Plata, que atraviesa el oeste peninsular por Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía), y nuevos hubs industriales-tecnológicos que se crearán en otras CC.AA.
El Plan contará con un despliegue territorial coordinado, que incentivará la descentralización industrial mediante financiación específica y que aplicará cláusulas de retorno regional en la contratación pública. También se fomentará la relocalización de fábricas dentro de nuestras fronteras y la integración de nuestros centros productivos en las cadenas de valor y de suministro europeas, mediante proyectos conjuntos y mecanismos de adquisición común.
Horizonte y arquitectura institucional
El Gobierno de España planea mantener la inversión en seguridad y defensa en el 2% del PIB “mientras dure la actual coyuntura internacional y hasta que la UE alcance los objetivos de autonomía industrial y seguridad recogidos en su Libro blanco de defensa”, recoge el informe.
Una pieza clave para proyectar esta continuidad de forma eficiente y ordenada serán los llamados Programas Especiales de Modernización (PEMs). El Plan contempla la puesta en marcha de 31 nuevos PEMs, que se unirán a los más de 50 en curso, y que movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030.
Otros mecanismos que contribuirán a este despliegue de largo plazo serán el Plan Nacional de Ciberseguridad, los programas de financiación a consorcios empresariales y centros de investigación del CDTI, y las participaciones empresariales del Fondo de Seguridad y Defensa (FORES) para el fomento de empresas innovadoras.
El Plan se articulará en torno a entidades e instrumentos ya existentes para evitar el solapamiento institucional y maximizar la agilidad en la toma de decisiones. Su coordinación recaerá en un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un organismo de nueva creación, dependiente de Presidencia del Gobierno, que estará integrado por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología, y por aquellas agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos (CDTI, SETT, SEPIDES, ICO, COFIDES, AEE, AEAD).
Su propósito será garantizar la correcta ejecución del Plan, la coordinación entre Administraciones y su alineamiento con la estrategia europea de seguridad y defensa.
El Comité contará a su vez con un Consejo Asesor compuesto por representantes de la industria, la academia, los centros de I+D, startups, inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector.
FUENTE: DEMÓCRATA.ES
