Ernesto García-Trevijano ha sido distinguido con el Premio Forseti por su trayectoria en derecho público y Defensa.
El II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa inauguró ayer su primera jornada en la Escuela de Organización Industrial (EOI), consolidándose como uno de los foros de referencia para analizar los retos actuales de la contratación pública, la competencia y el desarrollo de capacidades en el sector de la Defensa desde una perspectiva jurídica, empresarial e institucional.
El encuentro ha contado con un respaldo institucional de alto nivel. La bienvenida ha sido ofrecida por Miguel Gómez, director general de INDIE, entidad organizadora del Congreso, quién ha asegurado que “este congreso se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para que la Administración, la industria y el ámbito jurídico puedan dialogar con rigor sobre los desafíos reales de la contratación y las capacidades de Defensa. Nuestro objetivo es generar un espacio de reflexión útil, que contribuya a mejorar las decisiones y a fortalecer un sector que es estratégico para el país.
A continuación, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha realizado la apertura institucional, destacando que “España hace bien las cosas y cumple; lo bien hecho nos define, y de eso va también este Congreso”. Ha subrayado que el actual impulso inversor en seguridad y defensa, vinculado tanto a la geopolítica como a los compromisos con la OTAN, exige que la Administración y la industria trabajen con rigor para garantizar que las capacidades solicitadas por las Fuerzas Armadas lleguen “a tiempo, en forma y en calidad”. También ha reivindicado el papel del Ministerio de Industria en aprovechar este esfuerzo para fortalecer la cadena de valor nacional, atraer talento y empresas al sector y acompañar un crecimiento sostenido “que requiere cuidado, fiabilidad y sensibilidad”, especialmente en un ámbito donde la confianza y la seguridad son determinantes”.
La conferencia inaugural ha corrido a cargo de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, quien ha subrayado que “sin seguridad jurídica no hay confianza, sin confianza no hay inversión y, sin inversión, no es posible desarrollar una industria de defensa eficaz”. Valcarce ha destacado que Europa solo será fuerte si dispone de capacidades tecnológicas propias y de una industria robusta y ha recordado que España ya ha alcanzado el 2% del PIB en gasto de defensa en 2025. Ha defendido que los nuevos programas puestos en marcha, desde el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa hasta los 31 Programas Especiales de Modernización, son iniciativas que no solo refuerzan las capacidades operativas, sino que impulsan la reindustrialización del país, la cohesión territorial y la creación de empleo cualificado. Asimismo, ha señalado que el rearme europeo plantea también un desafío jurídico, al exigir a los Estados marcos de contratación modernos, eficientes y profundamente europeos.
Una primera jornada centrada en los desafíos regulatorios y contractuales
La primera jornada ha ofrecido una mirada crítica a los grandes debates que marcan hoy la agenda jurídico-industrial de la Defensa. Las mesas han abordado los retos de la contratación pública en un entorno de creciente demanda, las implicaciones de la competencia y la regulación en un sector estratégico y las claves para reforzar la práctica administrativa y la seguridad jurídica en el día a día de la gestión pública y empresarial.
La Mesa 1 “Acuerdos verticales y horizontales previos a la presentación de ofertas en concursos públicos” ha reunido a especialistas de primer nivel para analizar los riesgos de competencia y las implicaciones jurídicas de las colaboraciones empresariales antes de concurrir a licitaciones. Moderada por David Santos, Chief Legal Officer de Indra Group, la sesión ha contado con las intervenciones de Carlos Balmisa, secretario general técnico del Colegio de Registradores de España; M.ª de la Concepción Ordiz Fuertes, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; y Alfonso Cárcamo, socio de Garrigues. Sus aportaciones han ofrecido una visión clara y práctica sobre el marco regulatorio y los desafíos que plantea la contratación pública, especialmente en sectores estratégicos como la defensa.
En el debate, M.ª de la Concepción Ordiz Fuertes ha explicado la visión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre los indicios de posibles prácticas colusorias, recordando que la colaboración entre empresas requiere un análisis riguroso cuando surgen señales relevantes, y subrayando la importancia de aplicar criterios de racionalidad y sentido común en la evaluación de estas conductas. Carlos Balmisa ha insistido en la necesidad de evolucionar hacia modelos regulatorios más preventivos y basados en datos, capaces de detectar anomalías antes de que los comportamientos anticompetitivos afecten al buen funcionamiento de los concursos. Por su parte, Alfonso Cárcamo ha defendido una interpretación realista y de sentido común de las normas de competencia cuando se analizan acuerdos entre empresas en proyectos complejos de defensa, recordando que muchas colaboraciones tienen una justificación técnica y económica legítima en un contexto marcado por la sofisticación tecnológica, la alta inversión y la necesidad de contar con actores fiables.
La segunda mesa “El riesgo imprevisible en los contratos públicos y la revisión de precios: una visión de lege lata a lege ferenda” ha puesto de relieve la tensión creciente entre un sistema jurídico rígido y la necesidad de dotar a los contratos de una mayor capacidad de adaptación. Los ponentes Alberto Palomar, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y socio de Broseta Abogados; Raquel Hurtado, letrada del Consejo de Estado; Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y abogada del Estado; y Carlos Melón, socio de Regula Abogados, han coincidido en que el marco actual resulta poco atractivo y difícil de gestionar: la participación empresarial ha sido reducida, las prórrogas forzosas han alcanzado una dimensión no prevista y la revisión de precios ha funcionado de manera limitada. Además, han recordado que los problemas no proceden solo de la normativa contractual, sino también del marco presupuestario, que ha condicionado la flexibilidad necesaria para mantener el equilibrio económico de los contratos ante situaciones sobrevenidas.
A partir de esta realidad, los expertos han a destacado la necesidad de reforzar el principio de equilibrio económico en la Ley de Contratos del Sector Público y de revisar el régimen de modificaciones y el uso del riesgo imprevisible, hoy aplicado de forma muy restrictiva. También han planteado avanzar hacia un modelo más flexible, especialmente en contratos complejos o excluidos de la normativa comunitaria, que permita ajustar precios y distribuir riesgos de manera coherente con el mercado y con la singularidad de los programas de Defensa, todo ello sin perder alineación con las directivas europeas.
La tercera mesa redonda de la jornada “La práctica de la división en lotes de los contratos públicos: propuestas de mejora”, moderada por Ernesto García-Trevijano, socio director de GTA Abogados y letrado del Consejo de Estado (excedente), ha contado con la participación de María José Morales García (counsel de Garrigues), Miguel Bueno (socio de Derecho Público y Regulatorio de Ayala de la Torre Abogados) y Ana Sabiote (socia del área Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados). Juntos han aportado su visión especializada sobre los desafíos actuales y las oportunidades de mejora en la práctica de la división en lotes de los contratos públicos.
Durante la sesión, María José Morales García ha destacado la complejidad a la que se enfrentan las administraciones a la hora de decidir si un contrato debe dividirse en lotes. Por su parte, Miguel Bueno ha aportado una visión apoyada en datos recientes, señalando que la aplicación real de la división en lotes continúa siendo limitada. Finalmente, Ana Sabiote ha defendido que “toda actuación de una entidad del sector público debe estar motivada, con mayor o menor intensidad”, mostrando su desacuerdo con limitar esa obligación únicamente a los casos en los que no se dividen los contratos.
Además, Ángel de Álvaro, Deputy Chief Legal Officer de Indra Group, ha impartido la ponencia “Entre la inercia y la competitividad: claves para construir un futuro estratégico”, en la que ha aplicado una visión crítica sobre la necesidad de impulsar nuevas capacidades industriales. En su intervención, ha defendido la necesidad de impulsar nuevas capacidades industriales y se ha declarado “un firme defensor de la competencia”. Ha senalado que el sector de la defensa debe mirar al futuro con visión amplia y capacidad de transformación, especialmente en un contexto marcado por tensiones internacionales.
Entrega del Premio Forseti a la trayectoria jurídica en derecho público y defensa
En el marco de la jornada, la secretaria de Estado de Defensa ha entregado el Premio Forseti a la trayectoria jurídica en derecho público y defensa a Ernesto García-Trevijano, abogado, letrado del Consejo de Estado (excedente) y socio director de GTA Abogados.
El jurado ha resaltado su condición de referente en derecho administrativo y, en especial, en contratación pública en materia de Defensa, así como su relevante contribución doctrinal y práctica a este ámbito.
