La Unión Europea ha aprobado nuevas medidas para reducir los obstáculos administrativos y adaptar el marco normativo del sector de la defensa a las necesidades actuales. Así lo analiza David Arias Guedón, socio de Garrigues, en un artículo publicado en Cinco Días, en el que aborda los cambios regulatorios impulsados por Bruselas y los retos pendientes para España.
El autor señala que las normas europeas y nacionales que regulan la contratación en defensa fueron diseñadas hace más de quince años y que el actual contexto geopolítico y tecnológico exige procedimientos más flexibles y ágiles.
Esta necesidad no afecta únicamente a la contratación pública, sino también al comercio exterior, las transferencias de material militar y de doble uso, y los permisos para la construcción y puesta en marcha de instalaciones industriales.
El paquete normativo Ómnibus V
Entre las novedades destaca el paquete normativo Ómnibus V, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 3 de noviembre, tras su aprobación el 9 de octubre. Su objetivo es reducir la complejidad normativa y eliminar obstáculos administrativos que afectan al sector europeo de defensa.
Entre sus principales medidas se encuentra la modificación de la Directiva 2009/81/CE, que regula la contratación pública en los ámbitos de defensa y seguridad. Los cambios elevan los umbrales de los contratos sujetos a procedimientos armonizados y amplían el margen para recurrir a procedimientos más flexibles. También permiten aumentar de siete a diez años la duración de los contratos marco.
El paquete incorpora, además, un nuevo reglamento para regular las autorizaciones de proyectos de preparación en materia de defensa. Este establece plazos para resolver los permisos y licencias necesarios para construir y poner en marcha instalaciones industriales, con un plazo máximo de 42 días hábiles, ampliable excepcionalmente por otros 60 días, y silencio administrativo positivo.
Por otra parte, se encuentra en proceso de reforma el Reglamento UE 2021/821, relativo al control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y las transferencias de productos de doble uso. La revisión contempla medidas de armonización entre Estados, simplificación administrativa y exenciones de autorización para determinados supuestos de bajo riesgo.
Los retos pendientes para España
En su análisis, Arias Guedón considera que España necesita adaptar también su marco nacional. Entre las medidas que plantea figuran un nuevo marco presupuestario que aporte previsibilidad, plurianualidad y flexibilidad, así como un régimen específico de contratación en defensa que facilite la adquisición de capacidades para las Fuerzas Armadas.
El autor señala como referencias las iniciativas adoptadas recientemente por Alemania y Francia, que han aprobado normas específicas para agilizar la adquisición de equipos militares y facilitar la modificación de contratos ante cambios tecnológicos o nuevas necesidades.
Concluye que la actualización de las herramientas jurídicas constituye una parte esencial del esfuerzo de defensa europeo, ya que el aumento de la inversión debe traducirse en capacidades militares operativas y en una industria capaz de responder a las necesidades actuales.