A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los programas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio dibujan cuatro enfoques diferentes sobre inversión militar, modernización de las Fuerzas Armadas, autonomía estratégica y cooperación internacional.

Para las empresas que diseñan, fabrican y mantienen los sistemas de defensa, las diferencias importan: los programas de armamento requieren años de desarrollo e inversión y difícilmente se ajustan a los tiempos de la política.

PP

El programa del PP propone una ley de programación y financiación de la defensa, con objetivos de personal y material a medio y largo plazo, y no fija porcentaje del PIB ni importe.

Señala como prioridades industriales los drones y sistemas antidrones, la defensa antiaérea, la munición, la ciberdefensa, las comunicaciones, la inteligencia artificial y las capacidades navales, y plantea simplificar la contratación.

Mantiene el compromiso con la OTAN y propone reforzar la capacidad de defensa europea, incluidas las compras conjuntas.

En materia de personal, propone aumentar los efectivos, mejorar las retribuciones y reconocer a los militares como profesión de riesgo.

PSOE

El programa del PSOE rechaza elevar el gasto militar al 5 % del PIB, al considerar que pondría en riesgo el Estado del bienestar, y no fija un nivel alternativo de inversión. Plantea continuar la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas en los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y de ciberdefensa; la mejora de la vigilancia marítima, así como el refuerzo de los servicios de inteligencia y de la Unidad Militar de Emergencias.

En el plano industrial recoge la transferencia tecnológica entre empresas, universidades y centros de investigación.

Además, apuesta por la autonomía estratégica europea, una Unión Europea de la Defensa y la adquisición conjunta de capacidades.

En materia de personal incluye igualdad, conciliación y atención psicológica y social; no recoge el reconocimiento como profesión de riesgo.

VOX

El programa propone aumentar la inversión en defensa, sin fijar cifra, porcentaje del PIB ni calendario.

Plantea dotar de más medios humanos, materiales y tecnológicos a los tres ejércitos, al CNI, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y un Plan Nacional de Reindustrialización para reducir dependencias de materias primas y tecnologías críticas; no establece prioridades de adquisición.

Defiende la soberanía frente a injerencias extranjeras y no desarrolla una posición específica sobre la OTAN ni sobre la política europea de defensa.

En materia de personal, recoge mejoras salariales, ayudas a la movilidad geográfica y a la vivienda, y el reconocimiento como profesión de riesgo.

Frente Amplio

El programa rechaza el objetivo del 5 % del PIB y propone reducir las partidas de defensa, sin cuantificar la reducción ni fijar calendario, para reorientar recursos hacia protección civil, emergencias, sanidad y educación. Plantea un mayor control del comercio de armas, el desarme y la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

En el plano industrial propone reforzar empresas públicas, ampliar su cartera de pedidos y diversificar su actividad hacia las energías renovables y la construcción naval de mayor valor añadido.

No propone salir de la OTAN, pero plantea transformar las instalaciones de uso militar extranjero en espacios tecnológicos, industriales o de respuesta civil.

No recoge medidas específicas para el personal militar.

Las claves para el sector de defensa

En los cuatro casos, el impacto real sobre los programas y las empresas dependerá de cómo se traduzcan estas propuestas en presupuestos, contratos y programas. Ninguno de los programas presenta una senda presupuestaria plurianual con importes por capacidades.

Con independencia de quién gobierne, hay tres cuestiones que condicionarán el futuro de la industria:

  • Continuidad de los programas de modernización. Hay inversiones y capacidades industriales comprometidas durante muchos años, y cualquier cambio de prioridades deberá tener en cuenta esos compromisos.
  • Reparto del trabajo en la industria nacional. Para pymes y empresas especializadas, importa tanto el volumen de inversión como su acceso a los programas y a las actividades de mayor valor tecnológico.
  • Relación con los programas europeos. La cooperación permite compartir costes y acceder a mercados más amplios, pero plantea decisiones sobre propiedad intelectual, liderazgo tecnológico y distribución industrial.

El alcance real de estas propuestas dependerá de cómo se traduzcan en presupuestos, contratos y programas concretos. Para el sector, la clave sigue siendo la previsibilidad.

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