La Comisión Europea ha adoptado su Programa de Trabajo para 2027, titulado “Unión Europea: apoyándonos unos a otros”. Sitúa el refuerzo de la autonomía estratégica y de la capacidad de actuación de la Unión entre sus prioridades transversales.

La competitividad y la simplificación normativa siguen en el centro de la agenda, con un énfasis especial en la correcta transposición y aplicación de la legislación. Junto al programa, el Ejecutivo comunitario ha presentado su segundo informe anual sobre simplificación, implementación y aplicación de normas.

El programa recoge 24 nuevas iniciativas para el próximo año: 10 legislativas, 7 no legislativas y otras 7 pendientes de definir. Es el programa con menos propuestas del segundo mandato de Ursula von der Leyen. Diez de ellas son de simplificación o tienen una importante dimensión en este ámbito.

Entre las más destacadas figuran:

  • Paquete de simplificación en materia de transporte (primer trimestre de 2027).
  • Paquete de simplificación en vivienda (segundo trimestre).
  • Medidas para prevenir obstáculos al mercado único (tercer trimestre).
  • Propuesta para acelerar los procedimientos de autorización (tercer trimestre).
  • Revisión de las normas de emisiones de CO2 de los vehículos pesados (tercer trimestre).

Fuera de la simplificación, la Comisión plantea una Corporación Europea de Materias Primas Críticas, un plan de acción para la IA industrial, un Pacto Europeo de Cuidados, una Iniciativa Europea del Agua y un Plan Europeo de Olas de Calor. En defensa, propone un instrumento europeo para capacidades estratégicas y un protocolo europeo de emergencia en materia de seguridad.

El programa pide a los colegisladores que prioricen la adopción de 24 propuestas pendientes. También anuncia la retirada de 14 iniciativas, entre ellas el Reglamento contra la morosidad y la Directiva sobre alegaciones ecológicas (Green Claims), y la derogación de 14 actos legislativos.

Informe anual (agosto de 2025 a julio de 2026) sobre simplificación, implementación y aplicación de normas

En simplificación, la Comisión presentó seis paquetes ómnibus sobre legislación digital, medioambiental, automoción, seguridad alimentaria y de piensos, fiscalidad y productos energéticos. Se estima que supondrán un ahorro de 13.000 millones de euros en costes administrativos, de los que 4.300 millones corresponderían a las pymes.

Sumados al resto de ómnibus y otras medidas, el programa de trabajo cifra el ahorro total en 22.300 millones de euros anuales una vez aplicadas por completo.

La Comisión también ha realizado más de 60 reality checks en ámbitos como la banca, la energía o la agricultura. Ha puesto en marcha un plan de acción contra incoherencias, solapamientos y disposiciones excesivamente complejas en 12 áreas estratégicas (regulatory deep cleaning) y ha creado nuevas herramientas, como una Plataforma de simplificación.

En implementación, Bruselas celebró 49 diálogos con casi 1.000 partes interesadas. Lanzó plataformas de asistencia jurídica y apoyo técnico para normas como la Ley de IA o la Ley de Datos, y un conjunto de buenas prácticas para facilitar la transposición. En esta línea, el Ejecutivo trabaja en un Pacto contra el gold-plating, que busca evitar que los Estados añadan requisitos nacionales al incorporar normas europeas.

En aplicación de las normas, la Comisión celebró 332 diálogos previos a la infracción e inició 874 nuevos procedimientos, la cifra más alta de la última década. Cerró 499 expedientes y mantiene abiertos 1.909. Además, remitió 61 casos al Tribunal de Justicia de la UE y propuso sanciones financieras en 25 de ellos.

Reacciones y próximos pasos

BusinessEurope ha valorado positivamente las medidas de simplificación del programa, aunque ha pedido avanzar en las recomendaciones de su Omnibook para reducir las cargas regulatorias de las empresas.

La Comisión insta al Parlamento Europeo y al Consejo a acelerar la adopción de las propuestas pendientes, para que la simplificación no pierda eficacia durante la tramitación legislativa. Se compromete también a incorporar el principio de “simplicidad por diseño” en todo el ciclo normativo.

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