La llegada del dinero pone fin a meses de incertidumbre por los retrasos y complicaciones en la ratificación definitiva de los fondos. Según el Ministerio de Economía, España recibirá otros 10.000 millones este mismo año, en diciembre, y obtendrá entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas, un ingente caudal que irá acompañado también de otros 38.000 millones en concepto de fondos estructurales europeos.
Ante la urgencia de canalizar los fondos con agilidad para impulsar la recuperación, el Gobierno español ha dado pasos para que este fluya rápidamente. Las comunidades autónomas ya tienen asignados más de 7.250 millones de euros, que, según Economía, se emplearán sobre todo en apoyar la implementación de la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos que eviten daños a la fauna, renovar edificios, mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas, incentivar la movilidad eléctrica, modernizar la FP, reducir la brecha digital, reforzar la economía de los cuidados, políticas de igualdad e inclusión social, y mejorar los equipos de alta tecnología sanitaria.
Bruselas emitirá este año 80.000 millones en bonos a largo plazo para financiar el fondo de recuperación. Y ya ha recaudado más de la mitad de lo previsto. Esto permitirá a Bruselas financiar una agenda de inversiones y reformas que se desplegará por toda la UE con especial intensidad en los próximos tres años para reforzar a los Veintisiete frente al impacto de la crisis provocada por la pandemia.
Italia, que recibió el viernes un adelanto de 24.900 millones y España serán los países más beneficiados por el plan de recuperación. Portugal (2.200 millones), Bélgica (770 millones de euros), y Luxemburgo (12,1 millones) fueron los primeros en recibir fondos europeos a comienzos de este mes, a los que se unió Grecia (4.000 millones) pocos días después.
España deberá demostrar a la Comisión y a sus socios cada seis meses que ha ejecutado las reformas e inversiones a las que se ha comprometido para obtener los fondos. Por ello, tanto el Gobierno como las empresas se enfrentan a un reto descomunal, dado que han de ser capaces de poner en marcha miles de proyectos para evitar que una parte del dinero quede sin ejecutarse, como ha sucedido en el pasado con otros fondos europeos.
El plan del Ejecutivo prevé que los fondos sirvan, entre otras muchas iniciativas, para digitalizar más de un millón de pymes, apoyar a más de 3.000 empresas en su internacionalización, formar a más de 2,6 millones de personas en competencias digitales, instalar más de 240.000 aulas digitales interactivas, rehabilitar más de un millón de viviendas, alcanzar una flota de al menos 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y más de 100.000 puntos de recarga, modernizar la justicia para que al menos el 30% de los procedimientos judiciales se realice electrónicamente, modernizar los sistemas de regadío, extender la banda ancha ultrarrápida al 100% de la población o construir más de 335 kilómetros de ferrocarril en los corredores Atlántico y Mediterráneo.
Fuente: El País
