El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, una norma que establece por primera vez un marco estatal específico para regular las relaciones entre los grupos de interés y los responsables públicos. La regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de agosto, entró en vigor al día siguiente.
La nueva normativa tiene como objetivo garantizar la transparencia, la responsabilidad, la integridad, la trazabilidad y la igualdad de oportunidades en las actividades legítimas de influencia sobre los procesos de toma de decisiones públicas, así como prevenir posibles conflictos de intereses.
Uno de sus principales elementos es la creación de un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal, de carácter público, gratuito y obligatorio, que estará gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En él se recogerá información sobre la identidad de los grupos y sus representantes, sus fuentes de financiación, la naturaleza de las actividades de influencia que desarrollan y sus relaciones con los responsables públicos susceptibles de recibir dicha influencia.
La norma considera grupos de interés tanto a personas físicas y jurídicas como a agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas plataformas, foros y redes, que desarrollen actividades destinadas a influir en las decisiones públicas. Estas actividades incluyen las comunicaciones directas o indirectas con responsables públicos con el objetivo de incidir en el diseño o aplicación de políticas públicas o en la elaboración y aprobación de normas.
El ámbito de aplicación comprende la Administración General del Estado y su sector público institucional, incluyendo a altos cargos, miembros de gabinetes, personal directivo y empleados públicos que participen de manera relevante en la elaboración normativa, el diseño de políticas o la toma de decisiones públicas.
La regulación incorpora además normas de conducta para los representantes de los grupos de interés y obligaciones específicas para el personal público, con el propósito de reforzar la integridad de estas relaciones y reducir los riesgos asociados a posibles conflictos de intereses. Asimismo, el nuevo registro contempla información sobre personas vinculadas a estos grupos que hayan ocupado determinados puestos en la Administración Pública durante los cinco años anteriores.
La aprobación de este marco normativo supone un avance en la institucionalización y transparencia de las relaciones entre el sector público y los distintos actores que participan en la elaboración de políticas públicas, reconociendo la actividad de influencia como una práctica legítima siempre que se desarrolle de forma responsable y transparente.
La medida se enmarca, además, en los compromisos asumidos por España en materia de Gobierno Abierto, transparencia e integridad pública, así como en las reformas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.