El Gobierno creará un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica y un Consejo Asesor que estará coordinado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para cumplir con el plan nacional para el desarrollo de la tecnología e industria de seguridad y defensa española aprobado esta semana en Consejo de Ministros.
La coordinación del plan sobre defensa y seguridad recaerá sobre el Ministerio de la Presidencia a cargo del ministro Bolaños. Así viene reflejado este miércoles en el documento que el Gobierno hizo público tras enviarlo a la OTAN y a Bruselas para recibir ‘feedback’ sobre si estas las medidas propuestas se ajustan a los parámetros internacionales.
Un plan que supone una inversión adicional en dicha materia de 10.471 millones de euros hasta un total de 33.123 millones, con el que se incrementa el gasto en seguridad y defensa del 1,4% del PIB en 2024 al 2% en 2025.
Así, la coordinación del plan recaerá en un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un organismo de nueva creación que estará integrado por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología, y por aquellas agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos.
Su misión, según detalla el Ejecutivo, será garantizar la correcta ejecución del plan, la coordinación entre Administraciones, y su alineamiento con la estrategia europea de seguridad y defensa.
Este comité contará a su vez con un Consejo Asesor compuesto por representantes de la industria, la academia, los centros de I+D, startups, inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector, explica el documento.
HASTA 2030
El Gobierno busca que esté plan sea “a largo plazo” y, por ello, contempla la puesta en marcha de 31 nuevos programas especiales de modernización (PEMs), que se unirán a los más de 50 en curso, y que movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030.
Otros mecanismos que contribuirán a este despliegue de largo plazo serán el Plan Nacional de Ciberseguridad, los programas de financiación a consorcios empresariales y centros de investigación del CDTI, y las participaciones empresariales del Fondo de Seguridad y Defensa (FORES) para el fomento de empresas innovadoras, según detalla el documento. “Este Plan, por tanto, consolida una política de defensa sostenida en el tiempo y alineada con nuestros aliados europeos”, recalca el Ejecutivo.
FUENTE: LA VANGUARDIA
