El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba el estatuto del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del MITECO que nace con el objetivo de identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario de los trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios y optimizando las oportunidades del proceso de transformación.
El documento impulsa el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, de empleo y de formación profesional para asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.
Entre los principales objetivos de la Estrategia se encuentran, entre otros, facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por la transición ecológica de la economía, garantizar un aprovechamiento igualitario de las oportunidades, promover foros de participación sectoriales, evaluar y mejorar los actuales instrumentos de la AGE de apoyo a la empresa, proponer políticas de apoyo adecuadas para el trabajo coordinado de las administraciones públicas y minimizar los impactos negativos en las zonas vulnerables a través de Convenios de Transición Justa y del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre.
Se trata de una dotación de 581 millones de euros (581.121.060) que irán destinados a financiar proyectos en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes, apoyo a la implementación de la normativa de residuos y corrección de tendidos eléctricos para evitar daños a la avifauna.
La distribución de estas primeras subvenciones tendrá ahora que ser sometida a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, si bien hay que destacar que todos estos proyectos han sido, desde su inicio, informados, analizados y participados por las Comunidades Autónomas.
Este primer paquete, con incidencia en el territorio y efecto capilar, es coherente con los requisitos de la Unión Europea para que al menos el 37 por ciento de los recursos del plan de recuperación se destinen a descarbonización y a transición ecológica, y el 100% cumplan con el principio de no dañar el medio ambiente.
Fuente: Consejo de Ministros
